El éxito de cualquier acción de protesta depende de la habilidad con que el sector movilizado acierta a incluir reclamaciones que, lejos de ser accesorias en sí mismas, producen la impresión de que el poder incumple sus deberes sociales. Poner en evidencia que las miras con las que se hace ejercicio del poder y los fines que se dice defender son cosas opuestas, es lo que, más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro gimoteo político, da lugar a severas crisis de poder.
¿Es el conflicto del TIPNIS la espada de Damocles que pende de una crin de caballo sobre la cabeza de Evo Morales?
Los argumentos que la dirigencia de la “VIII Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad” blande para cuestionar la construcción del tramo 2 de la carretera San Ignacio de Moxos – Villa Tunari no son insubstanciales. La tala de alrededor medio millón de árboles resultará, en un lapso de 18 años, en la desaparición del 64% de la superficie forestal del Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Se afectará la vida de 602 especies de plantas, 825 especies de animales vertebrados y 127 especies de insectos, según la SERNAP, y se pondrá en riesgo una importante fuente de recursos hídricos —las zonas boscosas del parque actúan como esponjas que retienen parte de los 6 000 milímetros/año de lluvia que se precipitan en la región, favoreciendo la regulación de cuencas.
Pese a que el proyecto tiene origen en la primera Cumbre de Presidentes de América del Sur, celebrada entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2000 en Brasilia, por invitación del entonces presidente Henrique Cardoso, y su licitación —la cual favoreció a la empresa brasilera OAS— es anterior a la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, la construcción de los tramos 1 y 3 de la carretera en omisión del derecho a la consulta previa de las 64 comunidades indígenas que habitan el parque contraviene de forma escandalosa el discurso pro-indígena y ambientalista levantado por el presidente Morales, y vulnera normas internacionales como el Convenio 169, ratificado por el Estado boliviano por medio de la ley 1258, la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Con todo, el conflicto del TIPNIS es una disputa política más que una protesta estrictamente reivindicativa, una disputa política esquizofrénica que ha congregado a quijotes y pancistas, gente sinceramente preocupada por los derechos indígenas y el medio ambiente y políticos desesperados de pronto convertidos al ecologismo y el indigenismo. Además, ha puesto en evidencia las aporías programáticas del Movimiento Al Socialismo y el carácter paradójico, abigarrado, de las expectativas de la sociedad boliviana. La disparidad entre desarrollismo y conservacionismo se presenta como un dilema difícil de resolver si se prescinde de las pautas trazadas por la legislación ambiental boliviana —la cual es bastante innovadora en su contenido— y se soslaya el fondo técnico del problema. ¿Las carreteras, la actividad económica, están tan reñidas con el cuidado del medio ambiente como se nos dice? Las paradojas internas del Vivir Bien son complejas, pero no imposibles de resolver.
No obstante, la reputación interna —y muy probablemente también la externa— del gobierno del Movimiento Al Socialismo no va a quedar intacta después de este incidente. Quizá la ejecución del proyecto carretero no sería tan indignante si no se hubieran vertido tan altisonantes declaraciones sobre la defensa de la Madre Tierra durante conferencias como la Cumbre de Tiquipaya contra el Cambio Climático y la Cumbre de Copenhague. La trampa estaba tendida de antemano. Para conducir a un país hacia el desarrollo —el desarrollo comprendido desde una matriz occidental-capitalista— y mantener una imagen de ecologista radical se necesita una destreza política extraordinaria. Evo Morales ha sido sometido a una prueba de fuego.
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